La Comisión Europea ha aprobado significativas modificaciones en las ayudas estatales de pequeña cuantía, conocidas como ‘de minimis‘. Ahora, las empresas pueden recibir hasta 300.000 euros sin la obligación de informar a la Comisión sobre la evaluación de su legalidad. Este límite representa un aumento desde los 200.000 euros establecidos desde 2008, ajustado para reflejar el impacto de la inflación.
En el caso de empresas que desarrollan actividades en sectores de interés público, como la sanidad y el transporte, el límite se eleva aún más, llegando a los 750.000 euros. Con estas medidas se buscar adaptarse a las necesidades actuales y promover el crecimiento en áreas esenciales.
La Comisión Europea también introduce cambios en los procedimientos administrativos. A partir del 1 de enero de 2026, los Estados miembros deberán registrar todas las ayudas ‘de minimis’ en un registro central a nivel nacional o europeo. Este paso tiene como objetivo reducir la burocracia que las empresas enfrentan al solicitar y gestionar estas ayudas.
Además, se establecen «puertos seguros» para intermediarios financieros, facilitando la concesión de ayudas a través de préstamos y avales. Este nuevo enfoque elimina la necesidad de transferir completamente las ventajas a los beneficiarios finales, simplificando el proceso y fomentando la participación de actores financieros.
Es importante destacar que estas enmiendas no solo ajustan los límites y procedimientos, sino que también extienden la validez del marco normativo ‘de minimis’. El marco, que originalmente expiraba el 31 de diciembre, ahora se prorrogará hasta el 2030, brindando estabilidad y certeza a las empresas que buscan este tipo de ayudas en el futuro.
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